A través de la Jucopo, PRI, PAN y PRD piden de manera formal que el Presidente de la Mesa Directiva presente la demanda en contra del acuerdo presidencial, publicado el 22 de noviembre de 2021.
Los Grupos Parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), que conforman la alianza legislativa “Va por México”, pidieron de manera formal, por conducto de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se lleve a cabo el trámite correspondiente para que, a través del Presidente de la Mesa Directiva, se promueva una demanda de Controversia Constitucional, en nombre de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, contra el llamado “Decretazo”.
Esto en respuesta al acuerdo del Gobierno Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 22 de noviembre del año pasado, en el que por instrucción presidencial se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, asociados a infraestructura.
Describieron que, con ello, el decreto gubernamental instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización, permisos o licencias provisionales, de manera “fast track”, en un plazo máximo de cinco días hábiles, para iniciar los proyectos a cargo del Gobierno de México. Estos documentos tendrán una vigencia de 12 meses, tiempo en el que habrán de obtener las autorizaciones definitivas.
Las bancadas lideradas por Jorge Romero Herrera, Rubén Moreira Valdez y Luis Espinosa Cházaro, tienen la certeza de que ese acuerdo es inconstitucional, por su carencia de fundamento y motivación válidos, contraviene lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley de Seguridad Nacional y establece un régimen de excepción para todo lo que determine el gobierno federal.
Señalan que, además de que exceptúa por decreto el cumplir los requisitos establecidos en ley para obtener licencias, permisos o concesiones que requieran esos proyectos y sean catalogados, por simple enunciación presidencial, como prioritarios y de seguridad nacional.
Por otra parte, destacan que infringe el marco normativo que establece que las autorizaciones que se tramiten sólo se otorgaran si se cuenta con información adecuada para determinar su procedencia, por lo que no habrá evaluaciones de impacto ambiental ni de impacto social de los proyectos y con las autorizaciones provisionales, se crea una figura no prevista en la ley.
“Al catalogarse como de interés público y de seguridad nacional esos proyectos podrán ser clasificados y la información relativa a ellos no será de naturaleza pública, y en consecuencia se alentará la opacidad”, subrayan las fracciones parlamentarias de la coalición PAN-PRI-PRD, para luego enfatizar que “no es legal ni constitucional que el Ejecutivo Federal cree excepciones mediante acuerdos unilaterales y sin fundamento legal”.
Otro de los temas que se leen, establece que el acuerdo viola las atribuciones conferidas exclusivamente al poder legislativo al designar la realización de acciones sin atender o subordinarse a las leyes que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes Federales y Generales que fueron votadas y aprobadas por el Poder Legislativo, por lo que quebranta el principio de división de poderes establecida en la Carta Magna.
Por último, apuntan que, estos puntos están respaldados por diversos especialistas en materia jurídica y colegios de profesionistas en derecho, afirman en la solicitud entregada a la Jucopo. El plazo de presentación de la demanda vence el próximo 19 de enero de 2022.
